Diputados dio media sanción al proyecto de “repositorios digitales”

La Cámara de Diputados aprobó en la tarde del miércoles un proyecto impulsado por el bloque del Frente para la Victoria que obliga a los organismos e instituciones públicas a crear “repositorios digitales de acceso abierto”, en el marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

Los encargados de llevar la propuesta a la Cámara Baja fueron los diputados oficialistas Graciela Giannettasio, Carlos Kunkel, Teresa García, José María Díaz Bancalari y Juan Mario Pais. El borrador había pasado sin objeciones por las comisiones de Ciencia y Tecnología; de Comunicaciones e Informática y de Presupuesto y Hacienda.

Una vez presentado en el recinto, la iniciativa obtuvo 159 votos favorables que habilitaron su paso al Senado ya que contó con el apoyo de los legisladores de todos los sectores  partidarios, quienes coincidieron en que el proyecto facilitará la democratización y el acceso al conocimiento.

Una de las personalidades encargadas de impulsar la norma es el doctor en Física Alejandro Ceccatto, quien desde su función como secretario de Articulación Científico Tecnológica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva participa activamente para la concreción de la iniciativa.

Agenda Digital (Télam)

En diálogo con este blog, Ceccatto explicó los aspectos centrales del proyecto:

Agenda Digital: ¿Cuál es el impacto que puede llegar a tener esta ley para la creación de repositorios digitales de acceso abierto?

Alejandro Ceccatto: Esto es una iniciativa muy importante. El Ministerio, a través de la Secretaría  de Articulación Científico Tecnológica, generó un borrador al respecto de estas ideas, que después le dio forma la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados a través de la actuación de Graciela Giannettasio, como presidenta de la Comisión que presentó el proyecto. Nosotros pretendemos que el país se inserte dentro de lo que son las actitudes que en general la comunidad científica y los distintos países a nivel internacional están teniendo en esta área. El objetivo es que la producción científica financiada con fondos públicos sea accesible por aquel que lo requiera; por supuesto, atendiendo a restricciones que necesariamente tiene que haber,  por convenios con empresas o instituciones que requieren cierta confidencialidad de los resultados. Obviamente, esos resultados están protegidos y no están alcanzados por esta obligatoriedad de ponerlos accesibles.  Hay instituciones como la Comisión Nacional de Energía Atómica cuyas investigaciones de carácter tecnológico no es conveniente hacerlas públicas… Es una Ley que pretende hacer visible la producción científica del país y accesible a la misma a cualquier persona que esté interesada con fines de investigación, de docencia o por cuestiones de gestión del Estado mismo, pero sin colisionar con la legislación que hay en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

AD: ¿A quién le pertenece la propiedad intelectual de esas investigaciones y cuándo pasarían a tomar estado de dominio público?

AC: De acuerdo a lo que prevé la Ley pasaría a dominio público inmediatamente de producida la investigación, que debería cargarse en los repositorios de la institución de pertenencia. El derecho moral pertenece al autor y la parte patrimonial corresponde a la institución que le paga el salario al investigador o, eventualmente, a la institución pública que ha financiado ese desarrollo. Lo que hace la ley es poner visible esa producción sin influir ni alterar de manera alguna ese tipo de relaciones.

AD: ¿Qué implicancias concretas tendría esta Ley sobre el acceso al conocimiento?

AC: La Ley hace obligatoria la generación de repositorios digitales institucionales en donde se cuelgue la producción científica, de manera tal que se suba inmediatamente de producido. Después establece un periodo de embargo de seis meses para que las editoriales puedan incorporarle valor a esa publicación a través del proceso que hacen de revisión por pares y, eventualmente, la corrección idiomática. Si está redactado en inglés y cuestiones que hacen al manejo editorial, de manera tal que la Ley les garantiza un periodo de seis meses para que ellos puedan comercializar el producto en esos términos, en función de ese valor agregado que ellos incorporan. Además de la las editoriales locales, estamos hablando en general de las editoriales internacionales, donde están las revistas de mayor prestigio en ciencia y tecnología que son las que utilizan habitualmente los investigadores como ámbito para difundir a nivel internacional su producción. Respetamos por un periodo de tiempo el valor agregado que hacen estas editoriales pero de cualquier manera, transcurrido es periodo el Copyright revierte en la propia institución que pagó el sueldo y financió el desarrollo o la investigación. No solamente es la producción científica de texto elaborado la que se obliga a cargar en repositorios institucionales, sino que además se establece también que los datos primarios de cualquier investigación, transcurrido un periodo de cinco años, deben ponerse accesibles a toda la comunidad para que puedan ser usados por otro tipo de investigadores para otras investigaciones.

AD: ¿Hay algo montado en la actualidad?

AC: Las instituciones no cuentan con repositorios digitales. Es decir, si uno va una universidad difícilmente esa  institución tenga un repositorio en donde estén cargando toda la producción científica y tecnológica que realizan. Hay muy pocos que lo tienen y generalmente incompletos. Lo que la Ley exige es que la totalidad de las instituciones, ya sea un gran organismo nacional o una universidad tengan ese repositorio digital; y, además, el Ministerio viene trabajando a través de lo que llamamos el Sistema Nacional de Repositorios Digitales en estándares para que todos esos repositorios que se creen en consecuencia de esta Ley puedan ser interoperables porque sin esa cualidad no sirven.  Si uno necesita buscar información no puede estar entrando sistemáticamente a los repositorios de las 52 universidades y 11 organismos nacionales de Ciencia y Técnica.  La posibilidad de una búsqueda conjunta es indispensable.

AD: ¿El software para esa usabilidad sería bajo sistemas de código fuente abierto?

-AC: Si. La idea es trabajar con código fuente abierto. Eso se está haciendo dentro del Ministerio, que ya viene preparando la infraestructura, el software necesario y, sobre todo, la articulación entre las instituciones para que, una vez sancionada la ley, la implementación sea ordenada y cumplan estos estándares de interoperabilidad que son esenciales.

AD: ¿Todos podrán acceder a esta información?

AC: La accesibilidad va a ser absoluta. Estos son repositorios abiertos, donde cualquier persona puede acceder a esta información científica financiada con fondos públicos.  La idea es que sirva a toda la sociedad de manera absolutamente indiscriminada, que cualquiera que tenga necesidad con fines educativos, de investigación o de cualquier naturaleza, puedan acceder a esta información. Esto no significa que no haya resguardos de Propiedad Intelectual y de Patentes que siguen funcionando como siempre. Sería una manera para que la producción científico tecnológica quede completamente expuesta para conocimiento de la sociedad e, incluso, también para darle visibilidad a nivel internacional.

AD: ¿Cuál es la proyección internacional?

AC: Estamos trabajando en un repositorio digital para toda la producción científico tecnológica de Latinoamérica. Esto se está haciendo a través de un subsidio entregado por el BID, dentro del Programa de Bienes Públicos Regionales y encabeza el proyecto la red CLARA (de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas) que interconecta las redes nacionales.

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